Cuatro años de impunidad tras la muerte del menor Ángel Moreno en el DIF Fabriles de Monterrey

Ya son  cuatro años, desde que el albergue Fabriles del DIF Nuevo León fue escenario de una tragedia que el gobierno estatal ha intentado sepultar bajo el silencio y la burocracia, tras la muerte en circunstancias no aclaradas hasta la fecha del menor Ángel Moreno, cuyo cuerpo fue cremado de forma expedita e irregular

De acuerdo al portal de Verificado, el caso de Ángel Moreno, un adolescente de 14 años con discapacidad que estaba bajo tutela gubernamental, ha dado un vuelco definitivo: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha intervenido para romper el candado de protección política que mantiene impune lo que ya es calificado como un crimen de Estado.

La historia de Ángel es la de un sistema que falló en cada una de sus capas de protección. El 9 de febrero de 2022, la vida del adolescente se extinguió en circunstancias que la autoridad estatal intentó disfrazar de «causas naturales».

En ese entonces el director de ese centro DIF era Miguel Ángel Sánchez Rivera, quien hasta la fecha actual de 2026,  no ha enfrentado ninguna responsabilidad penal o administrativa directa por la muerte del menor en el DIF Fabriles. El exfuncionario y actual legislador tramitó un amparo para evitar ser imputado.

Una reciente investigación nacional contenida en la Recomendación 148/2025 revela una realidad: el 8 de febrero, un día antes de su deceso, Ángel fue víctima de una agresión física brutal en el patio del albergue. Según testimonios presenciales, un servidor público le propinó un golpe severo en el abdomen, presuntamente con la rodilla, frente a la mirada de otros empleados.

El dolor físico fue solo el inicio de un calvario de negligencia. Tras el golpe, Ángel comenzó a vomitar y su estado de salud se deterioró rápidamente; presentó palidez extrema, pupilas dilatadas y pérdida paulatina del habla.

Pese sus quejas y del evidente malestar, el personal médico y operativo del DIF, en ese entonces dirigido por el actual diputado federal  emecista Miguel Ángel Sánchez Rivera, le negó atención especializada. La orden fue tajante: se le suministró únicamente ibuprofeno y se le indicó que debía «aguantarse» hasta la noche.

Sin embargo, los peritajes de la CNDH han sido determinantes al señalar que la causa del deceso no fue una peritonitis espontánea, sino un shock hipovolémico derivado de una contusión profunda de abdomen, una lesión traumática directamente vinculada a la agresión recibida.

En lo que se describe como una operación de encubrimiento institucional sin precedentes, el cuerpo de Ángel fue enviado a una cremación inmediata, una acción diseñada deliberadamente para impedir una autopsia legal independiente y eliminar cualquier evidencia física de los golpes.

Testigos refirieron que además se coaccionó al personal y a los policías estatales presentes para que guardaran silencio, llegando incluso a revisar sus teléfonos celulares para eliminar cualquier registro fotográfico o mensaje sobre lo ocurrido.

A pesar de la gravedad de los hallazgos documentados inicialmente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) en su recomendación 01VG/2023, el Ejecutivo Estatal, encabezado por el gobernador Samuel García Sepúlveda y el DIF NL, optaron por el rechazo de la misma.

Esta negativa no solo bloqueó el acceso a la justicia para Ángel Moreno, sino que envió un mensaje alarmante: la violencia contra los menores institucionalizados puede ocurrir sin consecuencias.

«Lo que mantiene impune el homicidio de Ángel no es solo un expediente detenido: es un patrón de protección política a la cadena de mando», señalan las organizaciones CADHAC y Tejiendo Redes Infancia.

Para defensores de derechos humanos, el caso de Ángel ha corrido el velo sobre el entorno de violencia que impera en los albergues, evidenciando un sistema de cuidado que, en la práctica, opera bajo mecanismos de opacidad y agresión.

El panorama legal cambió de forma drástica con la reciente emisión de la Recomendación 148/2025 por parte de la CNDH. Este documento se convierte en la herramienta definitiva para que el DIF NL acepte de manera íntegra lo que anteriormente había rechazado.

El pasado 5 de febrero de 2026, la CNDH solicitó que el DIF Nuevo León acepte y cumpla en su totalidad la recomendación emitida por la comisión estatal.

En un plazo de quince días, la institución debería aceptar su responsabilidad y comenzar a resarcir los daños, lo que incluye colaborar activamente en las denuncias administrativas ante la Contraloría estatal para sancionar a los funcionarios implicados.

Además de la exigencia de justicia para Ángel, la CNDH ordena la emisión de circulares internas que garanticen el respeto a los derechos humanos y la transparencia en el actuar de los albergues, buscando prevenir que otros menores sufran abusos similares, como el caso paralelo documentado de un niño trasladado, sin consentimiento, a un centro de rehabilitación ubicado en Veracruz.

La sociedad civil en Nuevo León, ha mantenido viva la exigencia de justicia a través de plataformas como change.org, donde la petición «Justicia para Ángel» ya supera las 38 mil firmas.

Las demandas son claras y urgentes: «Acatar la recomendación de la CNDH no es un trámite, es una de las llaves de la justicia para desmontar la protección política que ha sostenido la impunidad. Sin aceptación íntegra, sin investigación de la cadena de mando y sin medidas de no repetición, el Estado mantiene abierto el riesgo para niñas, niños y adolescentes».

A cuatro años sin Ángel Moreno, la aceptación de la Recomendación 148/2025 representa una oportunidad para demostrar que en Nuevo León la vida de un niño bajo cuidado del Estado tiene valor y que la impunidad ya no será una garantía para quienes ejercen el poder.