De «La Lista de Sheinbaum» a «La Lista de AMLO»
Por Antonio Castro
Harta indignación causó entre medios, periodistas y comentócratas la exposición que hizo en su programa Derecho de Réplica la asesora legal de la presidencia, Luisa María Alcalde, en la que los exhibe como miembros de una red de personajes dedicados a “golpetear” al gobierno y funcionarios federales.
A tal grado llegó su “indignación” que la calificaron como “la lista de Sheinbaum”, en alusión a las listas de prisioneros judíos por parte del nazismo que se manejaron durante el holocausto.
Ante esta reacción, Alcalde aclaró que no se trataba de “enlistar” a nadie, sino sólo de hacer visible cómo se coordinan medios, periodistas y comentócratas para criticar, en una especie de “nado sincronizado”, las acciones que lleva a cabo la presidencia y el gobierno federal en su conjunto, la mayoría de las veces sin una justificación real.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó rotundamente que exista una «lista de Sheinbaum» o una estrategia de censura, y argumentó que en México existe plena libertad de expresión y a nadie se le prohíbe publicar.
Agregó que la exposición buscaba ilustrar metodológicamente cómo ciertas noticias o narrativas son tomadas por amplificadores y redes de bots para inflar tendencias contra el gobierno y que no se cuestionó el derecho a opinar, sino las dinámicas coordinadas de desinformación en el entorno digital.
Esto es real porque, digan lo que digan, expresen lo que expresen, a ningún medio o periodista se le ha sancionado, mucho menos encarcelado, por faltar a la verdad.
Desde la despenalización de las calumnias e injurias a nivel federal, en 2007, ningún periodista va a la cárcel por lo que escribe u opina. Las controversias se resuelven mediante demandas civiles por daño moral, impulsadas por políticos o particulares.
En los últimos años, los casos emblemáticos se cuentan con los dedos de las manos debido a los candados impuestos por la SCJN mediante la doctrina del «Interés Público» y la «Malicia Efectiva».
Ejemplo de ello son dos casos notables y su desenlace:
- Humberto Moreira vs. Sergio Aguayo: El exgobernador demandó al académico y columnista por daño moral pidiendo 10 millones de pesos tras un artículo de opinión. Tras un litigio de años, la SCJN terminó absolviendo totalmente al periodista en 2022, sentando el criterio de que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor nivel de crítica y escrutinio.
- Pío López Obrador vs. Carlos Loret de Mola: El hermano del expresidente interpuso una demanda civil exigiendo reparación del daño tras la publicación de los videos donde recibía sobres aparentemente con dinero. El caso se mantiene en tribunales civiles de primera instancia sin una sanción firme ejecutada.
Existen condenas civiles menores contra portales regionales o comunicadores a nivel estatal, pero cuando llegan a revisión de la Corte, suelen ser tumbadas o sus montos reducidos al mínimo. La SCJN resolvió que las indemnizaciones no pueden ser exorbitantes para evitar un «efecto inhibidor» o la quiebra del periodista.
“LA LISTA DE AMLO”
Lo cierto es que medios, periodistas y comentócratas están molestos con el gobierno de la Cuarta Transformación desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en 2019 una lista de quiénes, por qué y cuánto cobraban en el gobierno federal, y hacía pública su decisión de cancelar dichos pagos.
La lista era encabezada por Joaquín López Dóriga, quien de 2012 a 2018 había cobrado 251.4 millones de pesos; le seguían Federico Arreola, 153.5 millones de pesos; Enrique Krauze, con 144 millones de pesos; Oscar Mario Beteta, con 74.5 millones; Beatriz Pagés, 57.2 millones; Callo de Hacha (Jorge Roberto Avilés) 47.3 millones; Raymundo Riva Palacio, 31.1 millones; Ricardo Alemán, 25.8 millones; Adela Micha, 24.3 millones, y Luis Soto, con 23.6 millones.
La lista también incluía a Pablo Hiriart, con 22.1 millones de pesos; Jorge Fernández Menéndez, con 19.7 millones; Rafael Cardona, 15.8 millones; Roberto Rock, con 15.8 millones, Francisco Garfias, 12.5 millones; Eunice Ortega, 10.6 millones; Maru Rojas, 9.5 millones; Guillermo Ochoa, 8.1 millones; Francisco Cárdenas Cruz, 7.8 millones; Yolanda de la Torre, 5.5 millones; Ramón Alberto Garza, 4.9 millones; Eduardo Ruiz Healy, 4.2 millones, y Nino Canún, con 1.6 millones.
Estos son sólo algunos nombres. La lista original incluye un total de 36 nombres entre columnistas, directores de revistas y comunicadores de radio y televisión, la mayoría de ellos actualmente críticos del gobierno que encabeza la presidenta Sheinbaum Pardo.
