Alianza de Usuarios presenta queja contra AyD por cobros indebidos

La Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros (AUSPF), presentó una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) en contra de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por presuntas violaciones al derecho humano al agua y cobros indebidos en los recibos de consumo.

Jaime Noyola Cedillo, vocero del colectivo, denunció que la paraestatal ha aplicado 53 incrementos tarifarios consecutivos entre abril de 2022 y agosto de 2026, lo que representa una alza acumulada del 78 por ciento en el servicio.

De acuerdo a Noyola Cedillo, estas modificaciones se han realizado de manera unilateral y sin contar con la aprobación del Congreso local, contraviniendo así  lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento.

«Constituye un cheque en blanco para Agua y Drenaje», advirtió Jaime Noyola, al señalar que existe una afectación desproporcionada a grupos vulnerables, como adultos mayores.

Dentro de la denuncia, alertó sobre los mecanismos de cobro que emplea la dependencia estatal cuando un usuario acumula tres meses de adeudo. Noyola Cedillo afirmó que la paraestatal coloca engomados de advertencia y presiona para la firma de convenios de pago.

«Esa deuda que firman es un crédito fiscal, que a fin de cuentas el Estado puede aplicar la facultad económica coactiva; es como un terrorismo fiscal porque está en riesgo su patrimonio y no se vale que por un mal servicio estén brindando esas tarifas», dijo.

Asimismo, la Alianza exhibió presuntas inconsistencias en la facturación mensual, entre ellas la inclusión de un cargo fijo de 103 pesos en el tabulador al cual se le aplica el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Jaime Noyola sostuvo que la legislación en la materia establece que dicho impuesto solo debe calcularse sobre las cuotas de drenaje y saneamiento, mas no sobre un cargo fijo o sobre el consumo básico.

Ante esta situación, el colectivo solicitó a la CEDH la realización de una audiencia pública que convoque a organizaciones civiles, Diputados locales, integrantes del Consejo de Administración de la paraestatal y representantes de los usuarios para revisar la fórmula tarifaria y deslindar responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Además los integrantes del colectivo exigieron una auditoría financiera exhaustiva a la empresa, ante los números rojos que presenta y las fallas recurrentes en la red sanitaria de la zona metropolitana.

La agrupación fijó un plazo de 15 días hábiles para que la CEDH emita una respuesta y dicte las recomendaciones correspondientes a la autoridad estatal.

Adelantaron que también acudirán ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para iniciar un procedimiento legal que busque la restitución del IVA cobrado de forma indebida a los usuarios.