Diputados priistas presentan iniciativa para proteger derechos de trabajadores de A y D de Monterrey

Ante la pretensión de Agua y Drenaje de Monterrey de trasladar a unos 7 mil trabajadores de este organismo del apartado A al  B de la Ley Federal del Trabajo, lo que afectaría sus pensiones, y para «blindar» sus derechos laborales, los diputados locales  Javier Caballero Gaona  y Héctor Morales Rivera, presentaron una iniciativa que busca garantizar que los empleados de la paraestatal permanezcan bajo el Apartado A de la LFT.

En su iniciativa, los Diputados locales del PRI plantean adicionar un artículo 9 Bis a la Ley que crea Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, para establecer que las relaciones individuales y colectivas de trabajo se regirán por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución federal y por la Ley Federal del Trabajo.

También los legisladores, plantearon adicionar un artículo 15 Bis a la Ley de Agua Potable para establecer que cualquier proceso de coordinación, transferencia, concesión, reorganización o cambio en la modalidad de prestación de los servicios en que participe la paraestatal deberá respetar tanto su ley de creación como el régimen laboral y los instrumentos colectivos vigentes.

Caballero Gaona, quien es representante del Congreso local ante el Consejo de Administración de AyD, dijo que la propuesta surge de la preocupación de los trabajadores del organismo ante la posibilidad de ser trasladados al Apartado B de la Ley, lo que afectaría sus pensiones.

Agregó que son cerca de 7 mil trabajadores los que podrían verse involucrados ante un eventual cambio en las condiciones laborales, por lo que hay que legislar para protegerlos.

«Lo que estamos haciendo con esta iniciativa es blindar lo que ya se tiene. No es nada nuevo, no es nada extra. Es la certeza jurídica y laboral de esta plantilla de trabajadores sindicalizados de Agua y Drenaje», expresó.

De acuerdo a la legislación actual,pasar a los trabajadores de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) del Apartado A al Apartado B del Artículo 123 Constitucional implicaría modificar el marco legal que rige su relación laboral, cambiando el estándar protector de la Ley Federal del Trabajo (LFT) por el de la legislación burocrática (Apartado B).

 Esto genera debates sobre la afectación a sus derechos colectivos y sindicales, incidiendo en el Contrato Colectivo de Trabajo, ya que se pierde esta figura, negociada libremente, sustituyéndose por Condiciones Generales de Trabajo unilaterales o reglamentadas por la entidad pública.

Sobre el derecho a huelga y asociación, aunque la ley reconoce sindicatos de burócratas, los mecanismos y la autonomía para emplazar a huelga o negociar aumentos salariales drásticos sufren restricciones operativas severas bajo el régimen del apartado B.

En cuanto a la estabilidad y condiciones de trabajo, la relación deja de basarse en un contrato laboral ordinario para regirse mediante nombramientos administrativos y se abre la puerta legal para que plazas que antes eran de base, queden catalogadas como personal de confianza, disminuyendo la estabilidad en el empleo y limitando el derecho a indemnizaciones completas por separación.

Sobre la seguridad social y prestaciones al régimen de salud, se modifica la afiliación tradicional (habitualmente ligada al IMSS en el apartado A) hacia esquemas de seguridad social para trabajadores al servicio del Estado (como ISSSTE o FSTSE / ISSSTELEON a nivel local), según aplique la normatividad del organismo descentralizado, señaló el diputado local, Héctor Morales Rivera, ex Secretario Estatal de Trabajo.