Indagarán gestión de Guadalupe Taddei en el INE; también la de Lorenzo Córdova
Las indagatorias sobre el manejo de los recursos financieros en el Instituto Nacional Electoral, no se circunscribirán al periodo de Guadalupe Taddei Zavala, sino que también abarcarán el tiempo en que el órgano electoral fue presidido por Lorenzo Córdova Vianello.
Tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE por el escándalo de presuntas irregularidades en contrataciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, puso la mira en la gestión de Lorenzo Córdova Vianello y pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar también los contratos otorgados durante su administración.
La mañana de este martes 27 de octubre, en Palacio Nacional, la Mandataria federal pidió profundizar en la fiscalización interna del órgano electoral luego de que se revelara que, pese a la salida de la consejera, el llamado «taddeísmo» sigue enquistado en el Instituto, con 11 de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva identificados por fuentes electorales como cercanos a la ex consejera presidenta.
En este sentido, hacia el interior del INE, habría dos corrientes predominantes, la que heredó Guadalupe Taddei y la que ya estaba y se quedó en el órgano electoral, cuando este fue presidido por Lorenzo Córdova Vianello.Su perfil es bajo y gran cantidad de ellos se refugiaron en el partido Somos, desde donde operan.
Durante la mañanera, Sheinbaum rechazó que Morena controle al organismo y sostuvo que buena parte de su personal proviene de administraciones anteriores.
«La solicitud de la Auditoría Superior de la Federación es que se audite, todo tiene que auditarse, tiene que transparentarse, todos esos contratos -como bien dices- tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente, y tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas», afirmó.
Sheinbaum consideró que las investigaciones no deben limitarse a la Administración de Taddei, sino extenderse a los años anteriores para establecer desde cuándo las empresas señaladas mantienen relaciones comerciales con el organismo electoral.
Refirió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando estaba encabezada por Pablo Gómez, congeló cuentas de algunas empresas proveedoras del INE, pero un amparo permitió que continuaran operando.
«Pero vale la pena hacer una revisión de todo y que actúe quien deba de actuar, la propia Auditoría Superior, y que salga a la luz todo, que haya transparencia», expresó.
La Presidenta rechazó los señalamientos de que Morena tiene colonizado al Instituto y argumentó que la mayoría de sus trabajadores pertenece al servicio profesional de carrera y proviene de administraciones anteriores, incluida la encabezada por Lorenzo Córdova.
«La mayoría tiene servicio civil de carrera, o sea el porcentaje debe ser los trabajadores de aquella época, algunos de la época de Lorenzo Córdova, la mayoría, la gran mayoría», sostuvo.
Los funcionarios colocados por Guadalupe Taddei permanecen en áreas estratégicas relacionadas con administración, adquisiciones e informática, de acuerdo a informaciones periodísticas.
Entre estos figuran Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios, y José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, a quienes las fuentes vinculan con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con empresas que mantienen contratos con el organismo.
Sheinbaum pidió que el Órgano Interno de Control del INE entregue a la ASF toda la información relacionada con las investigaciones abiertas por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
«Que haga la auditoría lo que tenga que hacer a los años que tengan que hacer, de acuerdo con sus atribuciones, y que se revise todo. No puede quedar nada fuera de la transparencia, tiene que transparentarse todos los recursos, los contratos, todos los sueldos, todo», afirmó.
Ante el proceso para sustituir a Taddei Zavala, Sheinbaum Pardo pidió que quien asuma la presidencia del INE garantice la imparcialidad de las áreas del organismo y una mayor transparencia en el manejo de sus recursos.
En la actualidad, el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral (INE), informó que, desde mayo de 2025, inició 13 expedientes de investigación relacionados con las presuntas irregularidades cometidas durante la presidencia de Guadalupe Taddei en el otorgamiento de contratos, que involucran a por lo menos 13 funcionarios y ex funcionarios electorales, ocho personas físicas y 18 personas morales, y recomendó a la Cámara de Diputados aprobar una política nacional de regulación en materia de contratación electoral.
Tal política, planteó, debe integrar un marco normativo común para el INE y los OPLE, con pleno respeto a su autonomía y atribuciones. En un reporte a las comisiones de Vigilancia y de Transparencia y Anticorrupción, el OIC informó que, como resultado de 6 ejercicios de auditoría y 8 revisiones de control, se han iniciado 24 investigaciones adicionales en materia de contrataciones.
Entre las conductas irregulares encontradas, se involucran los procesos de contratación, desde posible simulación de cumplimiento de requisitos, hasta abuso de funciones; deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y servicios, que provoquen un daño patrimonial.
Además, posible uso o aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en desviación de recursos públicos; incumplimiento de funciones o deberes de supervisión, que podrían causar daños y perjuicios a la hacienda pública.
También, probables actuaciones bajo conflicto de interés, abuso de funciones o participación indebida en procedimientos de contratación; presuntas faltas de particulares vinculados con procedimientos de contratación pública; y falta a la veracidad en la información declarada, que podría conllevar a un ocultamiento de conflicto de interés o posible enriquecimiento ilícito.
El OIC confirmó que, sobre posibles conflictos de interés, encontró pruebas en tres de cuatro casos y en el caso restante se encuentra en etapa de investigación.
“Es fundamental señalar que, todas las actuaciones se desahogarán con objetividad, independencia y rigor técnico, con pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la reserva legal de la información relacionada con procedimientos en trámite”, explicó en el documento de cinco páginas, suscrito por el titular de esa oficina, Víctor Hugo Carvente Contreras.
Señaló que “continuará con el desahogo de las investigaciones relacionadas con estas y otras conductas identificadas; dará vista a las autoridades competentes cuando los hechos excedan su ámbito de atribuciones, y colaborará con la Auditoría Superior de la Federación y con las demás instancias competentes, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Detalló que las faltas administrativas graves se turnan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que, en su ámbito de competencia, resuelva e imponga las sanciones correspondientes y precisó que, de enero dem2025 a la fecha, se emitieron 20 sanciones, 19 corresponden a inhabilitaciones de 14 funcionarios y ex funcionarios y cinco particulares, así como una suspensión del empleo, cargo o comisión por 30 días; lo que incluyó 3 sanciones económicas cuyo monto acumulado asciende a 1.6 millones de pesos.
Informó que actualmente sustancia y resuelve procedimientos de sanción a proveedores; un caso emblemático es el de Bell-Krom, S.A. de C.V., empresa contratada para la adquisición y distribución de 25 mil 302 chamarras para las personas supervisoras electorales y capacitadoras-asistentes electorales que participaron en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.
