Morena presenta otra denuncia contra Samuel y su familia por presunta corrupción
Una denuncia más en contra del Gobernador Samuel García Sepúlveda y familiares allegados y funcionarios estatales, presentaron morenistas en Nuevo León, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y destino de recursos públicos.
El partido Morena, solicitó investigar posibles delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una presunta triangulación de recursos públicos mediante proveedores del Gobierno de Nuevo León que, según los denunciantes, posteriormente habrían transferido parte del dinero a un despacho jurídico y fiscal relacionado con la familia del mandatario.
De acuerdo con los denunciantes, las operaciones señaladas superarían los mil 400 millones de pesos. La acusación plantea que recursos pagados por la administración estatal a empresas proveedoras habrían seguido una ruta financiera hasta llegar a la firma señalada por los morenistas.
La denuncia incluye al gobernador Samuel García Sepúlveda, su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, al padre del mandatario, Samuel Orlando García Mascorro y a su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
También fueron señalados Miguel Ángel Flores Serna, Secretario General de Gobierno, y Éric Peñalver Serna, primo del funcionario, por su presunta relación con las operaciones que Morena pide revisar.
La presentación de la denuncia estuvo encabezada por el senador Alejandro Murat Hinojosa, delegado de Morena en Nuevo León y René González Hernández, Secretario General del partido en la entidad. La denuncia estatal da continuidad a otra presentada por Morena ante la Fiscalía General de la República el pasado 26 de mayo por hechos relacionados con la misma presunta triangulación.
González Hernández sostuvo que uno de los elementos que Morena considera relevante se encuentra en el procedimiento de juicio político contra el gobernador. Explicó que, dentro de ese expediente, existe una contestación presentada por el propio mandatario sobre la naturaleza de los recursos una vez que son transferidos a particulares.
“Dentro del procedimiento de juicio político obra la contestación presentada por el propio Samuel Alejandro García Sepúlveda, en la que sostiene que los recursos públicos pierden esa naturaleza una vez que son transferidos a particulares y se convierten en recursos privados sobre los cuales cesa el control del Estado”, señaló.
A partir de ese argumento, el dirigente morenista planteó que la Fiscalía debe revisar la ruta que siguieron los recursos y determinar si existió alguna conducta irregular. Es decir, seguir la ruta del dinero.
René González también describió como uno de los puntos centrales de la denuncia el recorrido que, según Morena, habrían seguido los recursos entre proveedores estatales y el despacho vinculado con el gobernador y sus familiares.
“El pago del gobierno a proveedores y de proveedores al despacho propiedad del gobernador y de sus familiares. Eso en términos de ley se llama peculado con simulación”, mencionó.
El Secretario General de Morena aclaró que corresponde a las autoridades investigar los hechos y establecer si existen elementos suficientes para determinar alguna responsabilidad. Por ello, señaló que el objetivo de la denuncia es reconstruir las operaciones financieras y conocer el destino de los recursos.
“Es un tema de justicia. Nosotros finalmente no estamos tampoco prejuzgando. Este es un tema del derecho del pueblo de Nuevo León a la verdad y la justicia”, agregó.
Morena pidió que se dé vista a las instancias financieras y fiscales correspondientes para revisar las transacciones y establecer si existen elementos que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales.
González Hernández reconoció, además, que entre la documentación entregada a la Fiscalía se encuentran copias de una investigación periodística. A partir de esos elementos, dijo, corresponderá a la autoridad determinar si existen datos suficientes para iniciar o ampliar una investigación.
De su lado, el Gobernador Samuel García rechazó los señalamientos y afirmó que está dispuesto a ser investigado. El mandatario ha sostenido que las acusaciones relacionadas con la presunta triangulación ya fueron revisadas por autoridades y que no existió daño patrimonial.
A través de sus redes sociales, García Sepúlveda señaló que el caso tiene antecedentes desde el proceso electoral pasado y mostró documentos relacionados con una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Según su versión, en agosto de 2025 fueron notificados él, la entonces Tesorería General del Estado, encabezada por Carlos Garza Ibarra, y Ulises Carlín, consejero jurídico del Poder Ejecutivo.
El Gobernador sostuvo que aquella investigación determinó que no existía daño patrimonial y que los señalamientos corresponden a hechos que ya habían sido revisados por las autoridades.
Con la nueva denuncia, Morena busca que la Fiscalía Anticorrupción estatal, revise nuevamente los hechos a partir de los documentos y elementos que fueron entregados este lunes, mientras que corresponderá a las autoridades determinar si existen conductas constitutivas de delito y, en su caso, responsabilidades.
A la fecha, se han presentado múltiples denuncias formales y solicitudes de juicio político ante la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de Nuevo León en contra del Gobernador Samuel García y su entorno familiar.
Desde la última denuncia por desvío y triangulación (2026), siendo el caso de los mil 400 millones de pesos, presentada por integrantes de Morena ante la FGR y la Fiscalía Anticorrupción estatal.
La acusación incluye a Samuel García Sepúlveda, a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, a su padre Samuel Orlando García Mascorro y a su medio hermano Samuel Orlando García Villarreal. Además al Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna y su primo Eric Peñalver Serna.
El delito investigado es por el señalamiento de un presunto peculado y triangulación de recursos públicos del gobierno estatal hacia un despacho jurídico y empresas vinculadas a su familia. Derivado de estas denuncias, el Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un proceso de juicio político en su contra.
Además, agrupaciones ciudadanas y políticas (como el grupo opositor conocido como el «Grupo de las Seis») interpusieron previamente 5 denuncias a nivel estatal y 2 a nivel federal por movimientos financieros atípicos en empresas familiares.
También, dirigentes estatales del PRI y del PAN han sumado solicitudes adicionales de juicio político y denuncias ante el Congreso local por diversos actos relacionados con la administración pública estatal.
