Cierre de INFONL afectaría económicamente a 326 familias
Por lo menos 326 familias permanecen en la incertidumbre económica, pues a menos de cuatro meses para que el Congreso local defina la desaparición del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (INFONL), no hay certeza jurídica sobre la continuidad del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y sobre todo, el futuro laboral de sus trabajadores.
El organismo autónomo emplea a unos 326 trabajadores y aún no se define cómo se llevará a cabo la etapa de integración a la Contraloría Estatal y su desaparición antes de que termine el periodo ordinario de sesiones el 20 de diciembre.
Lo anterior obedece al decreto de la nueva Ley General de Transparencia, que fue publicada el 20 de marzo de 2025 y mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al Congreso a armonizar la ley con la Constitución Federal.
La incertidumbre en empleados llega por lo que sucedió a nivel federal tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde de los 759 trabajadores, se recontrató a 450 para que pudieran fungir en las nuevas áreas que se abrieron y los 309 empleados restantes fueron agregados a un directorio con nombres, teléfonos, correos y currículums, para aquellas autoridades que necesitaran personal.
INFONL cuenta 33 departamentos donde se distribuyen los empleados, incluyendo a la consejera presidenta, Brenda Lizeth González Lara, quien hasta el momento no ha dado a conocer el panorama laboral que se espera.
El estado de Aguascalientes fue el primero en extinguir su órgano garante, el 14 de mayo de 2025, y transfirió sus funciones a la Dirección Jurídica de Contraloría estatal, sin presupuesto específico ni estructura especializada.
Modelos similares se aplicaron en Colima, donde el Instituto fue absorbido como una Dirección General de la Contraloría, y posteriormente en Morelos y Baja California Sur.
El problema no sólo ha sido la sustitución de los organismos, sino la falta de reglas claras para la transición, en Jalisco, el Instituto cerró en noviembre de 2025 sin que previamente se aprobaran las leyes secundarias.
En Zacatecas, el Instituto dejó de operar en junio y todavía no cuenta con un órgano sustituto, mientras que Sinaloa permanece bajo un esquema transitorio, sin plazos para concluir su desaparición.
En contraste, Quintana Roo cerró su Instituto y creó un órgano desconcentrado, uno de los pocos casos donde la transición concluyó formalmente.
Para los empleados de estos organismos, el proceso ha significado incertidumbre sobre su continuidad laboral, pues cada entidad ha seguido un modelo distinto. Algunos trabajadores han enfrentado la desaparición de sus estructuras administrativas, mientras otros permanecen en instituciones que continúan operando de manera transitoria.
