Pide Rocío Montalvo equiparar el «aguachicoleo» al robo y penalizarlo

Tras señalar que de acuerdo a reportes de Agua y Drenaje de Monterrey, existen 158 mil conexiones irregulares a la red de agua potable de la zona metropolitana de Monterrey, la diputada local independiente, Rocío Montalvo Adame, propuso para evitar el robo y comercialización del líquido, una iniciativa para tipificar como delito la sustracción ilegal del agua  o lo que denominó «aguachicoleo» y sancionarlo con penas de 4 a 10 años de prisión a los infractores.

Montalvo Adame, dijo que es necesario que en el Código Penal se equipare la sustracción ilegal de agua potable con el robo, para frenar esta práctica ilegal sobre todo luego de que la paraestatal revelara la señalada cifra, lo cual  afecta el suministro y dañan la infraestructura para éste.

En su iniciativa, Rocío Montalvo planteó crear el Artículo 365 Bis 2 en el Código Penal para sancionar tres conductas específicas: sustraer agua de la red de distribución, alterar la infraestructura hidráulica para obtenerla y realizar conexiones irregulares.

«La crisis hídrica de 2022 nos dejó bien claro que cada gota cuenta. Estas tomas ilegales detectadas por Agua y Drenaje además de robar agua, también dañan tuberías, provocan fugas masivas y dejan sin presión a colonias enteras a las familias y esto es un crimen contra el patrimonio público y contra el derecho humano de acceso al agua potable», expresó.

«Ante las circunstancias de escasez y la crisis de 2022, el robo de agua no es una falta menor, debe ser considerado un delito que atenta contra la seguridad hídrica de todos los habitantes del estado.

Expuso, «Mientras miles de familias sufren cortes, hay redes clandestinas con tomas ilegales y pipas pirata que lucran con el agua de todos, por eso, la reforma establece sanciones escalonadas y proporcionales donde la pena base es de 4 a 8 años de prisión por la sustracción o conexión irregular; con el agravante por lucro, la pena se eleva de 6 a 10 años; si hay daño la infraestructura la pena aumenta una mitad y si el infractor es servidor público se aplica la inhabilitación y destitución».

Agregó, si los infractores cometen el delito por primera vez y lo hacen sólo para el consumo doméstico, no para lucrar con el agua, la pena será de 6 meses a un año, previo acuerdo reparatorio.

Queremos mandar un mensaje claro :  «que lucrar con el agua de los nuevoleoneses tendrá consecuencias severas. No debe existir un mercado negro que explota la necesidad de la gente.

«Con esta propuesta no se busca criminalizar a aquellas familias que, en una situación de extrema necesidad, hacen una toma para sobrevivir. Lo que buscamos es castigar al que roba a gran escala para vender y enriquecerse, o a las empresas que se conectan a escondidas para evitar pagar el agua. La diferencia en las penas refleja esa justicia», concluyó la diputada.