Organismo internacional de derechos humanos denuncia mafia dedicada a despojar de terrenos a grupos vulnerables en NL
La Comisión Internacional de Derechos Humanos denunció ante el Congreso de Nuevo León, la existencia de una mafia compuesta por autoridades diversas,notarios, abogados y agentes inmobiliarios, para despojar de sus terrenos a personas y grupos vulnerables por lo que solicitó al órgano legislativo medidas de protección para los defensores de Derechos Humanos que son agraviados, atacados y amenazados por estos depredadores.
Jorge J. Cavazos Manrique, Ministro de Derechos Humanos, a través de la Dirección Federal de Procesos, puso al descubierto los actos de corrupción y contubernio que existen para despojar a legítimos dueños de sus propiedades.
Cavazos Manrique, acompañado del activista Patricio “Pato” Zambrano y de un grupo de comisionados federales de la CIDH, presentaron la petición en la Oficialía de Partes del Congreso local.
En su denuncia ante el Poder Legislativo, destacaron el abuso de autoridades de fiscalías corruptas, coludidas con agentes inmobiliarios y abogados que se confabulan por sumas de dinero para despojar de bienes a la sociedad neoleonesa, a familias completas, con predios, que por razones económicas no logran su escrituración.
La denuncia recibida en el Congreso local señala que algunos presidentes municipales, proporcionan información del estatus de los predios, para luego fabricar juicios fantasmas, en donde intervienen notarios públicos que permiten falsificación de firmas para sacar por vía de la fuerza pública a ejidatarios y apoderarse de lotes baldíos.
“Aprovechándose que las personas agraviadas carecen de recursos económicos actúan contra ellos, les despojan, en una acción que se presenta en los municipios del área metropolitana y aledaños como Pesquería y Santiago”, señala Cavazos Manrique.
Cita como ejemplo el Ejido San Nicolás, ubicado en el municipio de Escobedo, en donde se observan frecuentemente esos atropellos solapados por los presidentes municipales.
Ante ello, al actuar en defensa de los agraviados, más de 300 comisionados de la CIDH son amenazados por fiscales, agentes inmobiliarios y autoridades municipales.
Sin embargo, pese a ellos, sostienen la defensa de los derechos humanos de las personas afectadas y han logrado con su trabajo, las pruebas fehacientes y las recomendaciones hechas, el retiro de la patente de más de una decena de notarios corruptos en Nuevo León.
Los defensores de Derechos Humanos junto con Zambrano exigieron a través del Congreso, que los legisladores intervengan en su protección y que, el Gobierno estatal les otorgue garantías de protección para realizar sus actividades, en favor de grupos vulnerables.
