Matrimar logra reapertura para operar en Picachos
La empresa extractora de material pétreo, Matrimar, que acusó al gobierno de Nuevo León por extorsión e informó que ya retiraron sus sellos de clausura y que procederán legalmente contra el Ejecutivo neoleonés, sin particularizar contra quién iría el proceso legal..
A través de sus redes sociales, se dio a conocer esta información, donde señalaron que con la reapertura de sus instalaciones, más de 500 colaboradores se verán beneficiados directamente y además, negaron los señalamientos de contaminación a la Sierra de Picachos, ubicada en el municipio de Cerralvo.
«Comunidad Matrimar informa que consiguió la reapertura de sus actividades productivas, a través de las autoridades judiciales en el Estado, haciendo valer el marco legal y sin intermediación de alguna clase política estatal, después de tres meses de cierre injustificado.
También se informó que Matrimar ha interpuesto una demanda penal por extorsión, expediente integrado por evidencias que confirman el proceder ilegal de distintas autoridades de la clase política estatal, las falsedades expresadas públicamente por ellas en medios de comunicación en el sentido que la empresa extractora opera en el área natural protegida o que debe impuestos, solo ratifican los intentos de desviar la atención sobre los actos de extorsión, detalló en el comunicado la pedrera.
En el comunicado, así como en los otros en donde ha dado a conocer el estatus de su caso, la empresa no ha hecho señalamientos hacia alguna persona que pertenezca al Ejecutivo de Nuevo León.
Desde el 11 de febrero, a través de sus redes sociales, la pedrera acusó al Gobierno de Nuevo León de extorsión luego de que diera a conocer que se realizó una visita de inspección de manera irregular a sus instalaciones un día antes.
A raíz de estas acusaciones, tanto el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, el diputado local y líder de Movimiento Ciudadano en el estado, Baltazar Martínez Ríos ( presunto intermediario en el intento de extorsión) y el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, han negado la existencia de una extorsión, incluso este último funcionario declaró el 19 de febrero que la pedrera debe 500 millones de pesos al SAT Estatal.
Trasciende que el conflicto entre la pedrera y el Ejecutivo Estatal, se agudizó desde hace más un año aproximadamente, en donde la compañía asegura tener todos los requisitos legales para continuar de manera segura la extracción de piedra caliza en la Sierra de Picachos, actual área natural protegida dictaminada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el pasado 1 de marzo de 2023.
Aunque Matrimar señaló en su reciente comunicado que no daña la Sierra de Picachos, desde 2022 se documentó que la contaminación pedrera generó un daño severo al entorno, a pesar del dictamen judicial.
El funcionamiento de la pedrera Matrimar en la Sierra de Picachos, ubicada en el municipio de Cerralvo, Nuevo León, ha generado graves daños ambientales, destacando el impacto negativo en la disponibilidad y calidad del agua en la zona. La empresa ha sido denunciada por la comunidad y ambientalistas por secar el ojo de agua de Cerralvo y los ríos Sardinas y Mojarras, así como por invadir áreas naturales protegidas.
Los daños específicos en materia de agua se reflejan en la sequía del río Sardinas y afluentes, pues se ha señalado que la operación de Matrimar es la causa de la desaparición de agua en el río Sardinas y en el parque Benavides en Cerralvo.
Tras las clausuras, se observó que el agua superficial en el río Sardinas se recuperó en pocas semanas, lo mismo que el ojo de agua del Sabinal y las norias en el municipio evidenciando el impacto de la extracción.
Contaminación de mantos acuíferos: La pedrera ha sido acusada no solo de acaparar, sino de contaminar las fuentes de agua utilizadas por los habitantes, afectando la agricultura y ganadería de la región.
Invasión a áreas naturales: La empresa ha sido señalada por invadir áreas naturales protegidas dentro de la Sierra de Picachos con sus materiales y actividades de explotación, lo que altera el ecosistema hídrico.
Situación actual:
A pesar de las múltiples clausuras por daños ambientales y emisiones de polvo (marzo y noviembre de 2025), la pedrera Matrimar ha buscado reabrir operaciones en 2026 mediante amparos judiciales.
Ambientalistas, entre ellos Aristeo Benavides, advierten que la reanudación de actividades conlleva el riesgo inminente de que el agua vuelva a desaparecer de los ríos y espejos de agua de la zona.
La empresa ha asegurado que su operación es legal, genera empleos y que no utiliza recursos hídricos de manera ilegal, denunciando además intentos de extorsión por parte de funcionarios estatales.
La Sierra de Picachos es crucial para la región, ya que aporta agua a la zona metropolitana, lo que aumenta la preocupación ambiental por la operación continua de esta pedrera.
En síntesis, el funcionamiento de la pedrera Matrimar en la Sierra de Picachos, ha sido objeto de severas denuncias por parte de activistas y comunidades locales debido a su impacto negativo en los recursos hídricos.
Se ha documentado que tras la clausura temporal de la pedrera en noviembre de 2025, ríos históricamente secos como el Río Sardinas y el Río Mojarras recuperaron su flujo superficial en pocas semanas. Vecinos de Los Herreras y Cerralvo reportaron que durante la operación de la empresa, las presas permanecen vacías y los arroyos dejan de correr.
La empresa también ha sido señalada por presuntamente acaparar agua de la cuenca Aguagualeguas-Ramones, afectando el suministro para consumo humano y actividades locales en municipios del norte de Nuevo León.
Además, existen denuncias públicas ante la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente que vinculan la operación minera con la contaminación de acuíferos subterráneos y la invasión de áreas protegidas con materiales de caliza que se filtran al entorno.
Ambientalistas advierten que la Sierra Picachos aporta aproximadamente el 8 por ciento del agua del Área Metropolitana de Monterrey mediante escurrimientos, los cuales se ven amenazados por la actividad industrial de la zona.
Pese a las clausuras por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, la empresa ha recurrido a amparos administrativos para intentar reanudar operaciones, mientras sostiene que sus actividades no utilizan recursos hídricos de manera ilegal
