Llueven denuncias contra notarías por presuntas anomalías en NL
Tras de que la Comisión Internacional de Derechos Humanos denunciara ante el Congreso Local, la existencia de una mafia compuesta por autoridades diversas, notarios, abogados y agentes inmobiliarios, para despojar de sus terrenos a personas y grupos vulnerables y solicitara al órgano legislativo medidas de protección para los defensores de Derechos Humanos que son agraviados, atacados y amenazados por estos depredadores, de nueva cuenta algunos fedatarios públicos se ven involucrados en presuntas anomalías.
En su denuncia ante el Poder Legislativo, destacaron el abuso de autoridades de fiscalías corruptas, coludidas con agentes inmobiliarios y abogados que se confabulan por sumas de dinero para despojar de bienes a la sociedad neoleonesa, a familias completas, con predios, que por razones económicas no logran su escrituración, por ejemplo el ejido San Nicolás en el municipio de Escobedo.
Jorge J. Cavazos Manrique, Ministro de Derechos Humanos, a través de la Dirección Federal de Procesos, puso al descubierto los actos de corrupción y contubernio que existen para despojar a legítimos dueños de sus propiedades.
Cavazos Manrique, acompañado del activista Patricio «Pato» Zambrano y de un grupo de comisionados federales de la CIDH, presentaron la petición en la Oficialía de Partes del Congreso local.
La denuncia recibida en el Congreso local señala que algunos presidentes municipales, proporcionan información del estatus de los predios, para luego fabricar juicios fantasmas, en donde intervienen notarios públicos que permiten falsificación de firmas para sacar por vía de la fuerza pública a ejidatarios y apoderarse de lotes baldíos.
«Aprovechándose que las personas agraviadas carecen de recursos económicos actúan contra ellos, les despojan, en una acción que se presenta en los municipios del área metropolitana y aledaños como Pesquería y Santiago», señala Cavazos Manrique.
De nueva cuenta,presuntas negligencias, omisiones graves y posibles fraudes en notarías habrían puesto en riesgo el patrimonio de varias familias, por lo que ya se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
María Alicia Álvarez Macías, directora general de Grupo 8 11 Soluciones y titular de la división 8 11 Abogados, informó de esta situación, durante una conferencia de prensa ofrecida el martes 10 de febrero en la que estuvo acompañada por su equipo jurídico y por personas que aseguran haber sido víctimas de diversas irregularidades en trámites de compra-venta de vivienda.
Entre los afectados se encuentra Álvaro Sánchez, quien señaló que en 2019 adquirió una vivienda mediante un crédito Infonavit, operación que fue formalizada en la notaría número 58, a cargo del licenciado Edmundo Rodríguez, en el municipio de Monterrey.
Tras múltiples retrasos, la notaría le informó que el expediente había sido extraviado y posteriormente se detectó un gravamen millonario a favor de una institución bancaria (Banamex), a pesar de que inicialmente se emitió un certificado que señalaba que la propiedad estaba libre de adeudos. A 6 años del trámite, continúa pagando el crédito sin contar con certeza jurídica sobre el inmueble.
Otro de los casos expuestos fue el de Diana Mejorado, quien en 2021 acudió a una constructora en el municipio de García para adquirir una vivienda. Firmó documentación y comenzó a pagar un crédito Infonavit; sin embargo, la casa nunca fue edificada.
Al revisar el Registro Público, se detectó una escritura expedida por la notaría número 88, a cargo del licenciado Gabriel Cantú Cantú, la cual no cuenta con su firma y cuyo contenido no corresponde a la operación que ella asegura haber realizado, situación que su defensa calificó como un posible fraude.
También se expuso el caso de Jesús Lara, quien al vender su vivienda en Juárez, Nuevo León, habría sido afectado por un trámite irregular realizado por la notaría número 28, a cargo del licenciado Juan José Rodríguez, al registrarse la operación como una compra-venta cuando en realidad se trataba de un traspaso no autorizado por la institución financiera que otorgó el crédito.
Tras ello, el comprador dejó de pagar y actualmente Lara enfrenta adeudos y procesos legales, pese a que ya no habita el inmueble.
Además, se dio a conocer el caso de Amparo Torres, quien presuntamente fue víctima de suplantación de identidad durante un trámite de cancelación de gravamen en la notaría número 132, a cargo del licenciado Óscar Andrés Hernández, sin que la notaría interviniera para corregir o revertir la situación.
Álvarez Macías aseguró que todas las denuncias ya fueron presentadas ante la Fiscalía estatal y cuestionó la actuación de las notarías y de las instituciones involucradas, al señalar que no garantizaron la certeza jurídica de los trámites.
Hizo un llamado al fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, para que los hechos sean investigados a fondo y se sancione a los responsables conforme a la ley.
