Entra en vigor regulación de preventas inmobiliarias
Desde este martes 17 de Marzo, el mercado de bienes raíces en Nuevo León experimenta un cambio radical con la entrada en vigor de la reforma al Código Civil que regula las preventas inmobiliarias.
Con esto, se busca proteger al patrimonio de los ciudadanos frente a desarrollos que carecen de sustento legal o físico, por encontrarse en fase de construcción o desarrollo.
Esta medida establece reglas estrictas para la comercialización de casas y departamentos que aún se encuentran en fase de proyecto o construcción.
La reforma, aprobada en diciembre por el Congreso Local y publicada en enero en el Periódico Oficial, eleva a rango legal la figura de «preventa».
La reforma integra formalmente la figura de ‘preventa’, definida como la oferta comercial de bienes inmuebles que, por encontrarse en fase de desarrollo o construcción, aún no cuentan con terminación de obra ni son susceptibles de escrituración inmediata.
Luego de una serie de investigaciones sobre fraudes inmobiliarios que impulsaron esta regulación, se informó que la reforma, aprobada el 17 de diciembre y publicada en el Periódico Oficial el pasado 16 de enero, recibió el aval del gobernador Samuel García Sepúlveda, estableciendo así su entrada en vigor para este 17 de marzo.
Asimismo, la normativa estipula que los desarrolladores solo podrán ofertar preventas si cuentan con una licencia de construcción vigente. Además, se exige que la comercialización sea realizada exclusivamente por el titular de dicha licencia o por un representante legalmente acreditado.
La reforma obliga a formalizar cada operación mediante un contrato detallado que incluya información precisa del proyecto, las generales del comprador y del desarrollador, así como las especificaciones técnicas del inmueble y las condiciones financieras de la transacción.
Un punto clave de la nueva ley establece que cualquier anticipo o depósito entregado por el comprador validará automáticamente la preventa, generando obligaciones vinculantes para ambas partes.
En tal sentido, si el proyecto no se concreta o se incumplen los plazos de entrega, el desarrollador estará obligado a restituir el monto íntegro recibido, sumando un interés anual del 9 por ciento.
El nuevo marco legal contempla un esquema de sanciones severas para quienes omitan las condiciones pactadas o excedan los tiempos de entrega acordados en el contrato original.
El impulsor de la iniciativa, el diputado panista Carlos de la Fuente Flores (PAN), señaló que esta regulación es una respuesta directa al incremento de fraudes inmobiliarios en la entidad.
Esto es un gran avance en el Código Civil para regular las ofertas de compra, para que todo se mantenga como una preventa, que todo tenga un permiso municipal, que haya una tierra de por medio, que haya una fianza para que el desarrollador pueda respaldar todos sus gastos.
