CNDH señala al DIF NL en violación de derechos humanos a dos menores
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León incurrió en violaciones graves a los derechos humanos de dos menores de edad, tras revisar casos ocurridos bajo la custodia de esa institución estatal, en uno de cuyos casos se mencionó a Miguel Ángel Sánchez Rivera, actual diputado federal de MC y ex director del DIF Estatal, como involucrado
El organismo emitió la Recomendación 148/2025 luego de documentar irregularidades y omisiones en la actuación de autoridades responsables del resguardo.
El primer caso (en el que se mencionó a Sánchez Rivera) ocurrió el 8 de febrero de 2022, cuando una adolescente alojada en el Albergue Fabriles perdió la vida mientras se encontraba bajo cuidado institucional. De acuerdo con la investigación, existieron señalamientos de posibles agresiones físicas por parte de personal del centro. La autoridad local reportó una causa médica de fallecimiento, pero la CNDH advirtió que no se activaron de forma adecuada los mecanismos de investigación y protección.
El organismo concluyó que hubo omisiones relevantes por parte de funcionarios del DIF estatal, ya que no se dio aviso oportuno al Ministerio Público, ni a instancias internas de control. Estas fallas fueron consideradas violaciones al debido proceso, a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez, que obliga a priorizar la protección integral de menores bajo tutela del Estado.
El segundo caso analizado corresponde a noviembre de 2020, cuando otro menor fue trasladado desde un albergue del DIF a un centro de rehabilitación ubicado en Veracruz. La CNDH determinó que el movimiento se realizó sin autorización judicial y sin el consentimiento informado de familiares, lo que constituyó una vulneración directa a sus derechos.
Como parte de la recomendación, la Comisión pidió al DIF de Nuevo León aceptar formalmente la resolución y cumplir todas las medidas correctivas, entre ellas colaborar en procedimientos administrativos, revisar protocolos de actuación y fortalecer los controles de supervisión en centros de resguardo.
La CNDH también planteó la necesidad de emitir lineamientos internos obligatorios para que el personal atienda de manera inmediata cualquier indicio de violencia o abuso, además de garantizar reparación del daño a las víctimas. El organismo sostuvo que estos casos evidencian la urgencia de reforzar la vigilancia institucional sobre espacios destinados a la protección de niñas, niños y adolescentes.
El 8 de junio del 2023, Miguel Ángel Sánchez Rivera, pese a que la Fiscalía General de Justicia lo acusó de la muerte de un menor de edad en el DIF Fabriles, el en ese entonces dirigente estatal de Movimiento Ciudadano dijo estar muy tranquilo.
«Estamos muy tranquilos. Hay la carpeta de investigación, estamos trabajando, pero todo muy bien». Sánchez Rivera dijo que la acusación es producto de la ‘vieja política’, que está desesperada porque el ‘Titanic’ se les hunde.
Miguel Ángel Sánchez Rivera fue acusado junto con otros dos ex trabajadores del DIF Fabriles por la muerte del menor Ángel Moreno, pero él presentó un amparo y no fue vinculado a proceso. Fue designado como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y posteriormente obtuvo una diputación federal que actualmente ocupa, por MC.
Previamente en mayo del 2023, tras calificar la muerte del menor Ángel Manuel Moreno como un crimen de Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió al DIF una disculpa pública, dos memoriales, una compensación económica para su familia e implementar medidas que eviten que una tragedia similar vuelva a pasar.
El organismo emitió una recomendación especial, la 001, por violaciones graves a los derechos humanos del adolescente. La muerte de Moreno se dio el 9 de febrero del año pasado y el Ministerio Público la calificó de homicidio.
Por este delito se vinculó a proceso a Mauricio Miguel «N» y a Raymundo Francisco «N».
Al primero por encubrimiento y al segundo por los golpes al menor. A este último se le considera prófugo. Un tercero, quien sería el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, pero que entonces tenía el cargo de director del DIF, Miguel Ángel Sánchez Rivera, no fue imputado, por contar con una suspensión de amparo.
De acuerdo con la recomendación de la CEDH, el menor fue golpeado en el estómago. Aunque vomitaba y externó que le dolía el estómago no recibió la atención médica.
«El entonces director de Atención al Menor y la Familia del DIF encubrió la muerte, contrató a un médico externo quien emitió el certificado de defunción por muerte natural y sin tomar en cuenta la opinión de su hermana solicitó la cremación de su cuerpo», señaló Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDH.
«Esta recomendación tiene fundamento en nuestro marco jurídico nacional, pero también se sustenta en criterios de la Corte Interamericana y diversos instrumentos internacionales e, incluso se considera un crimen de Estado».
Méndez Arellano dijo en ese entonces, que la disculpa pública debería ser emitida por la encargada del despacho del DIF estatal, Gloria Bazán, y deberá estar presente el Gobernador Samuel García Sepúlveda.
«Debe ser un acto público y se deberá reconocer expresamente la responsabilidad de personal que participó», apuntó. Señaló que en un máximo de seis meses deberán concretar estas recomendaciones, lo cual hasta ahora no ha ocurrido.
José Antonio Garza López, segundo visitador general de la CEDH, quien encabezó la elaboración de la recomendación, explicó que se considera un crimen de estado por la forma en que se dieron los hechos.
«Pareciera que el aparato estatal se volcó con la finalidad de encubrir todos estos actos que propiciaron la muerte», explicó.
La recomendación de la CEDH señala que el DIF también deberá procurar la instalación de cámaras, elaborar un padrón de niñas, niños y adolescentes a su cargo, y realizar una consulta entre ellos para conocer su respuesta sobre el trato que reciben.
También elaborar protocolos de traslado, así como realizar cursos de capacitación sobre normas de protección y derechos humanos.
