Ante amenaza a la periodista Yadith Valdez, grupo legislativo del PAN exige protección por parte de la autoridad
La periodista independiente, Yadith Valdez Contreras denunció públicamente haber sido objeto de una amenaza directa por parte de la delincuencia organizada, tras la aparición de una manta en un puente peatonal de la Avenida Miguel Alemán, en el municipio de San Nicolás.
Los hechos se dieron la madrugada del 14 de enero. Según la comunicadora, el mensaje intimidatorio —firmado presuntamente por un líder de un grupo criminal— surge como represalia tras haber dado cobertura a un cateo efectuado en el municipio de Apodaca. Lo más alarmante del caso, según señaló Valdez, es la falta de respuesta institucional.
A pesar de haber recibido con anterioridad amenazas en su teléfono celular desde que inició su labor periodística de manera independiente, el Gobierno Federal le negó la incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ante este atentado a su integridad y a la libertad de expresión, Valdez ha interpuesto formalmente una denuncia y exige acciones contundentes de los tres niveles de gobierno.
La comunicadora recordó que recientemente fue despedida de una televisora local, presuntamente por presiones y reclamos del alcalde morenista del municipio de García, Manuel Guerra Cavazos, lo que subraya la vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas independientes en la entidad.
En este contexto, el Grupo Legislativo de Acción Nacional exigió de manera urgente protección para la periodista Yadith Valdez Contreras quien recibió mensajes intimidatorios por el ejercicio de su función informativa.
La diputada Claudia Caballero Chávez hizo la solicitud a través de dos oficios dirigidos en primera instancia, a Olga Susana Méndez Arellano, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León y a Javier Enrique Flores Saldívar, Fiscal General de Justicia y a Cinthia Lucía Marín Montoya, titular del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres.
«Es de carácter urgente que el Gobierno Estatal y Federal implementen medidas de protección, investigación, prevención y todas aquellas acciones necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad personal de Yadith Ivannia Valdez Contreras para que pueda ejercer de manera libre su labor periodística sin miedo a represalias; Nuevo León debe convertirse en un estado seguro para ejercer la libertad de expresión», señala el escrito.
«Por lo anterior, de manera respetuosa se solicita que, en ejercicio de su función de coordinación y coadyuvancia, gestione y promueva la vinculación inmediata de la periodista con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mecanismo federal adscrito a la Secretaría de Gobernación, brindando el acompañamiento necesario durante el proceso de evaluación de riesgo, incorporación y seguimiento, a fin de garantizar una protección integral, efectiva y oportuna», añade.
En el documento se pide emitir y mantener vigentes de manera inmediata medidas cautelares de carácter preventivo a favor de la periodista, «derivado del riesgo que enfrenta en el ejercicio de su labor periodística, orientadas a la protección de sus derechos humanos, en particular el derecho a la vida, integridad personal, libertad de expresión y seguridad, consistentes en acciones de prevención, observación, seguimiento y requerimientos a autoridades estatales y municipales para que se abstengan de realizar actos u omisiones que puedan ponerla en mayor situación de riesgo».
El antecedente de este caso se remite a enero de 2026, cuando se indicó que un juez federal en Nuevo León, de nombre Luis Gerardo Esparza Rodríguez, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, identificado como «samuelista» por haber figurado en listas promovidas por el gobernador Samuel García Sepúlveda, otorgó la libertad a un presunto líder criminal de «Los Rodos».
El líder criminal identificado como parte de «Los Rodos» obtuvo un amparo definitivo que lo dejó en libertad en diciembre de 2025. Se informó que tras su liberación, el sujeto volvió a ingresar al penal en enero de 2026 tras enfrentar un nuevo ataque, según reportes periodísticos.
El secretario de Gobierno, Miguel Flores Serna, declaró que debe haber una justificación por parte del juez para liberar a un generador de violencia. Este caso se suma a la polémica sobre las decisiones del Poder Judicial Federal en Nuevo León y su relación con el gobierno estatal actual.
