Planeaba Cerimedo boicotear elecciones en México para derrocar a Claudia y a Morena

El recién atentado contra Nadia Beller, abogada y activista boliviana, destapó la cloaca de “la guerra sucia” de parte de su ex pareja, Fernando Cerimedo, cabeza de la empresa Numen Publicidad y coordinador de una infraestructura de granjas de troles, medios digitales alternativos y cuentas automatizadas en redes sociales, cuyo modelo de negocio se basa en la creación de «guerrillas digitales» diseñadas para alterar la conversación pública, amplificar discursos de odio, sembrar desconfianza institucional y atacar a gobiernos o candidatos progresistas.

Y uno de esos gobiernos es el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo a declaraciones de la víctima desde la cama del hospital donde convalece. Cerimedo planeaba también boicotear las elecciones del próximo año mediante campañas de desprestigio a través de las redes.

El detenido por la policía boliviana participaba de manera directa e indirecta en los ataque mediáticos contra la presidenta Sheinbaum a través de su infraestructura de medios y redes digitales.

Su intervención comprende diversos aspectos verificados por investigaciones oficiales e independientes:

Cerimedo es cofundador y propietario de La Derecha Diario, un portal de noticias alternativo con presencia en varios países de América Latina, incluida su filial en México. A través de este medio y sus canales digitales asociados, se difundieron de forma constante titulares sensacionalistas, contenido descontextualizado y narrativas críticas hacia la administración federal mexicana y la figura de la presidenta.

El propio Cerimedo reconoció públicamente en entrevistas pasadas haber controlado decenas de miles de cuentas automatizadas (bots o troles) para «mentirle al algoritmo» y manipular tendencias en plataformas como X (antes Twitter), Facebook y TikTok.

Tanto informes del Gobierno de México presentados en la conferencia matutina presidencial como análisis de comunicación digital señalaron que la red de Cerimedo inyectaba volumen artificial a hashtags y campañas difamatorias en México. El objetivo era simular un descontento masivo o una crisis de opinión pública inflando artificialmente las interacciones.

Tras la detención de Cerimedo en Bolivia por atentar contra su expareja, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó directamente el tema en su conferencia de prensa:

Señaló expresamente que el argentino y a la plataforma La Derecha Diario forman parte de una red de la «derecha internacional» dedicada a orquestar campañas de desinformación mediante perfiles automatizados para interferir en la conversación pública en México.

En los allanamientos judiciales realizados contra las propiedades de Cerimedo en La Paz, la policía decomisó equipos que funcionaban como una «mini granja de bots», lo que confirmó el uso de herramientas tecnológicas para coordinar ataques digitales transnacionales.

Cerimedo no solo emitía opiniones críticas personales, sino que operaba la maquinaria técnica e informativa (La Derecha Diario y redes de automatización) utilizada para propagar noticias falsas, inflar tendencias adversas y sostener un ecosistema de desinformación enfocado en desgastar la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum y su movimiento político.

El uso de las redes sociales en contra de la mandataria mexicana no siempre se presentaba como un ataque ideológico directo, sino a través de la distorsión de la verdad para minar la confianza o generar caos.

Se han detectado de manera constante videos y audios manipulados con IA donde se suplanta la identidad de la presidenta. El abanico va desde fraudes financieros (videos falsos donde ella supuestamente invita a la ciudadanía a invertir en plataformas petroleras o financieras) hasta manipulaciones de corte político y religioso, como audios alterados durante las campañas donde se le atribuían falsas intenciones de cerrar iglesias o la Basílica de Guadalupe.

El verdadero poder de esta «guerra» radica en la amplificación. Campañas automatizadas utilizan algoritmos para detectar qué temas causan más indignación o miedo en la sociedad mexicana e inflan artificialmente esas tendencias para que parezcan un clamor popular generalizado, dominando la conversación en plataformas como X (Twitter), TikTok y Facebook.

COMPLICES

Detrás de las etiquetas más agresivas (como las que buscan ligar al gobierno con el crimen organizado), las auditorías de datos muestran una coincidencia matemática: cerca del 70% al 80% de las cuentas bot que atacan a Sheinbaum son las mismas estructuras automatizadas que operaron a favor de los partidos de oposición (la alianza PRI-PAN-PRD) durante el proceso electoral.

¿Quiénes están ahí? Estrategas políticos locales, consultoras de comunicación digital contratadas por facciones de la derecha mexicana y empresarios inconformes con la línea económica del gobierno. No operan desde un búnker partidista oficial, sino a través de intermediarios: agencias de relaciones públicas y «cuartos de guerra» (war rooms) que compran paquetes de miles de cuentas automatizadas para reventar la conversación pública cada vez que surge una crisis (como el caso Teuchitlán o temas de seguridad).

Gran parte de las granjas de bots detectadas no tienen sus servidores en territorio nacional. Los mapeos de geolocalización de los ataques muestran nodos masivos operando desde Colombia, España, Argentina y Estados Unidos.

¿Quiénes están ahí? Empresas globales de «astroturfing» (la práctica de falsificar un movimiento social orgánico usando tecnología). Son firmas que se venden al mejor postor y que utilizan modelos avanzados de IA para redactar respuestas personalizadas y evadir los filtros de plataformas como X o Meta. El propio gobierno mexicano calculó que solo una de las campañas de desprestigio recientes implicó un gasto de al menos 20 millones de pesos en apenas cuatro días. Eso requiere una estructura financiera formal que solo grandes capitales pueden sostener.

Hay un componente geopolítico y cultural que va más allá de México. Figuras de la extrema derecha internacional y creadores de contenido extranjeros (se han documentado operadores desde Argentina o España) actúan como «agitadores de entrada».

¿Cómo operan? Ellos lanzan la noticia falsa o el marco narrativo (el «ataque madre»). En cuestión de segundos, la infraestructura de bots internacionales —que sirve a causas de derecha en todo el continente— retoma el mensaje y lo multiplica de forma artificial para meterlo a la fuerza en las tendencias de México.

Lo fascinante y terrorífico de este esquema es que no hay un «villano único». Si un fiscal o un periodista intenta rastrear el origen de los fondos de una campaña contra la presidenta, se topa con una pared de empresas fantasma en Delaware, servidores en la nube en Dublín, programadores en Bogotá y dinero que fluye a través de criptomonedas o contratos de asesoría publicitaria genérica.

Quienes están detrás no necesitan dar la cara ni asumir el costo político de una calumnia. Les basta con transferir los fondos a la agencia adecuada para que el algoritmo haga el trabajo sucio.

IMPACTO NULO

Sin embargo, si se analiza el impacto en términos estrictos de respaldo popular y gobernabilidad, el daño directo ha sido muy acotado y contenido. Sin embargo, a nivel de desgaste social y conversación pública, estas campañas sí generan efectos secundarios específicos.

En lo que se refiere al impacto en la popularidad, éste ha tenido un efecto mínimo. Las mediciones de opinión pública muestran que el núcleo duro de aprobación presidencial se mantiene excepcionalmente sólido:

La presidenta mantiene niveles de aprobación que oscilan entre el 71% y el 75%. Las variaciones en las encuestas responden más a la coyuntura económica o de seguridad que a los trending topics o narrativas promovidas por cuentas automatizadas en redes sociales.

La base de apoyo del movimiento comprende la dinámica de los ataques en redes y suele cerrar filas frente a lo que percibe como embestidas coordinadas de la oposición o de grupos de interés.

Aunque no han logrado derribar el respaldo ciudadano, las campañas de desinformación sí cumplen objetivos tácticos que impactan la gestión pública, pues obligan al equipo de comunicación del gobierno federal a gastar tiempo y recursos valiosos en desmentir rumores (como falsas alertas sobre reformas, inflación simulada o datos alterados de seguridad) en lugar de posicionar los avances de las obras y programas.

Otro efecto adverso es que refuerzan las opiniones negativas en los sectores que ya eran críticos del movimiento. Generan una «burbuja de eco» donde la oposición se convence de que el gobierno está colapsando, dificultando el diálogo político racional.

Un efecto más es la incertidumbre temporal que generan entre inversionistas y clases medias poco o nada politizadas.

En rubros complejos como la seguridad, las narrativas hiperbolizadas o manipuladas con inteligencia artificial aumentan la percepción de riesgo en la población, incluso en zonas donde los indicadores delictivos van a la baja.

El daño real de la desinformación no es la pérdida de votos o de apoyo popular inmediato, sino la saturación del debate público, el intento de erosionar la confianza institucional a mediano plazo y el cansancio informativo en la ciudadanía.

RESPUESTA DEL ESTADO:

REGULACIÓN FRENTE A CORPORACIONES

Esta situación ha escalado tanto que la discusión ya no es solo un asunto de «chismes de internet», sino de seguridad nacional y salud pública:

Recientemente, la presidenta Sheinbaum ha llamado de forma abierta a un debate nacional para regular los algoritmos de las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Su argumento es directo: estas herramientas no son neutrales, responden a intereses económicos o políticos de grandes corporaciones y tienen la capacidad de orientar la información, afectar la dignidad humana e incluso impactar la salud mental de las nuevas generaciones debido a dinámicas como el «scroll infinito».

Al proponer esto, el gobierno mexicano se alinea con posturas internacionales (como las de Brasil o las reflexiones éticas del Vaticano) que buscan evitar que la percepción de la realidad de un país entero quede exclusivamente en manos de las corporaciones privadas de Silicon Valley que son dueñas del código.