Nuevo León y la deuda pendiente con las personas con discapacidad
Por Reyes Ramiro Gámez Barboza
Monterrey, México.- A cinco años de iniciado el sexenio del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, en Nuevo León persiste una deuda estructural con las personas adultas con discapacidad: la falta de universalidad de la Pensión del Bienestar. Aunque el Ejecutivo estatal ordenó la implementación de un apoyo económico para personas con discapacidad de entre 30 y 64 años, esta medida ha sido insuficiente, fragmentada y carente de una visión de derechos.
El problema de fondo no es menor. En ninguno de los Paquetes Fiscales del actual gobierno se ha propuesto un gasto transversal que garantice de manera integral los derechos de las personas con discapacidad. Mucho menos se ha mostrado voluntad política para firmar con la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México el convenio que permitiría la universalidad de la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad, y con ello el acceso a una pensión no contributiva federal para los adultos de 30 a 64 años.
La relevancia de esta pensión ha sido documentada con claridad. En 2022, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) subrayó que el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente no solo es una acción afirmativa para una población históricamente discriminada, sino un primer paso para el ejercicio efectivo de derechos fundamentales: seguridad social, salud, alimentación y no discriminación. No se trata de un apoyo asistencial, sino de un piso mínimo de dignidad.
En contraste, el Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, otorga un apoyo mensual de 800 pesos a personas con discapacidad de 30 a 64 años. De acuerdo con el Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno —que abarca de octubre de 2024 a septiembre de 2025— se destinó un gasto total de 119.6 millones de pesos para beneficiar a 124,147 personas. Sin embargo, los datos también evidencian una disminución progresiva en el número de beneficiarios a lo largo del periodo.
Durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, en noviembre de 2025, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, afirmó ante el Congreso local que se requieren alrededor de 4 mil millones de pesos para firmar el convenio de universalidad y cubrir a las cerca de 250 mil personas con discapacidad en el estado. No obstante, la cifra fue presentada sin claridad metodológica: no se explicó si incluye a los beneficiarios federales menores de 30 años o si se trata de una proyección exclusiva para la población adulta con discapacidad.
Más preocupante aún fue la reacción del Poder Legislativo. Las y los diputados locales optaron por politizar la política social en lugar de cuestionar a fondo la falta de voluntad del Ejecutivo o de proponer alternativas reales de financiamiento. La universalidad de la pensión quedó relegada frente al protagonismo y la disputa partidista.
En el ámbito federal, la omisión también es evidente. Ni la senadora Judith Díaz ni el senador Waldo Fernández han impulsado una ruta clara para que Nuevo León se sume a la universalidad de la pensión. Quienes antes exigían la firma del convenio hoy guardan silencio o reservan el tema para cuando resulte mediáticamente rentable.
A este escenario se suma la tibieza del propio Consejo para las Personas con Discapacidad, que no ha colocado de manera sostenida en su agenda la exigencia de la universalidad de la Pensión del Bienestar. Incluso en 2024, cuando hubo retrasos en los pagos del programa estatal, el tema apenas fue mencionado sin que se generara un posicionamiento firme.
Los datos del INEGI refuerzan la urgencia. En los hogares con al menos una persona con discapacidad, el gasto corriente trimestral en cuidados de la salud asciende a 3,415 pesos, muy por encima de los 2,248 pesos que gastan los hogares sin integrantes con discapacidad. La discapacidad no solo implica barreras físicas y sociales, sino también un mayor costo de vida.
Por ello, la exigencia es clara: el Consejo para las Personas con Discapacidad debe exhortar de manera directa al gobernador a firmar el convenio de universalidad de la Pensión del Bienestar. Tener un empleo no elimina las necesidades adicionales que enfrentan las personas con discapacidad, quienes con frecuencia deben recurrir a campañas de recaudación para adquirir una silla de ruedas, pagar terapias o cubrir gastos médicos, más aún cuando son madres o padres de familia.
La universalidad de la pensión no puede seguir tratándose como una concesión política ni como un tema secundario. Es una obligación del Estado y una condición mínima para la inclusión. Ojalá que en 2026 Nuevo León pueda afirmar que saldó esta deuda, no por cálculo político, sino porque el Poder Ejecutivo, el Congreso local, el Consejo, los diputados federales y el Senado decidieron enfocarse en lo verdaderamente importante y dejar de lado los protagonismos.
