Rechazo unánime en NL al aumento del ISN
Con un rotundo no, las cámaras empresariales y organismos del sector privado de Nuevo León respondieron a la propuesta de cualquier incremento o creación de nuevos impuestos en el Paquete Fiscal 2026, ante el grave impacto que estas medidas tendrían en el empleo, la formalidad laboral y la competitividad del estado.
En un pronunciamiento conjunto, todos los organismos privados entre ellos Coparmex, Caintra, Canaco, Cámara Americana de Comercio, restauranteros, Consejo de Comercio Exterior, Industriales del Poniente, Cámara de Bienes Raíces, Cámara Nacional del Autotransporte y hoteleros, se pronunciaron en contra de la pretensión del gobierno de Samuel García Sepúlveda de elevar del tres al cuatro por ciento el Impuesto Sobre Nómina.
«No estamos de acuerdo con el incremento de impuestos, principalmente del Impuesto sobre Nóminas, el Congreso tiene hoy la oportunidad de demostrar que la política fiscal puede ser un instrumento de desarrollo», advirtió Jorge Santos Reyna, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, en un evento que reunió a los representantes de más de 17 organismos y organizaciones privadas.
«27 de los estados de la República tiene tres por ciento o menos de Impuesto sobre Nómina, ¿por qué llevar a Nuevo León al cuatro por ciento, dejándolo en una posición de desventaja en la atracción de inversiones?, interrogó.
Reprobó qué se siga cargando a las empresas formales más impuesto para el gasto de Nuevo León, que ya recauda más de 17 mil millones de pesos de Impuesto sobre Nóminas.
Roberto Cantú, Presidente de la Coparmex Nuevo León adelantó que no aceptarán ningún incremento.» Este gobierno no nos debe dejar esta carga de forma indefinida por una contingencia muy especial que tiene para este año», dijo
«La sociedad civil considera indispensable que, antes de discutir nuevos impuestos, el Gobierno del Estado demuestre eficiencia y transparencia en el uso de los recursos actuales. Espera que cada peso se traduzca en mejores servicios, infraestructura y calidad de vida. Por ello, pedimos compromisos claros: transparencia verificable, mejor administración y reducción de gastos no prioritarios».
Llamaron al Congreso del Estado para que la discusión del Paquete Fiscal 2026 se conduzca con responsabilidad hacia la ciudadanía y el futuro de Nuevo
«El sector productivo de Nuevo León atraviesa uno de los momentos más desafiantes de los últimos años. Factores como los aranceles internacionales, la desaceleración económica, la inflación de insumos, la competencia global agresiva, la incertidumbre regulatoria y el incremento en costos operativos han presionado severamente la capacidad de las empresas para crecer, invertir y mantener empleos», destaca el pronunciamiento
«En este contexto adverso, proponer incrementos impositivos resulta no solo inoportuno, sino contrario al interés público. Incrementar impuestos afectaría de manera inmediata la capacidad de las empresas para generar y sostener puestos de trabajo».
La creación de empleo formal en Nuevo León ya muestra una desaceleración del 50 por ciento respecto a años anteriores, y un nuevo impuesto elevaría los costos laborales, afectando directamente a pequeñas y medianas empresas, restaurantes, hoteles, comercios y negocios familiares, añade.
La postura privada indica que el 94.2 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) anticipa afectaciones operativas, y casi la mitad tendría que aumentar precios, detener inversiones o reducir contrataciones. En este momento nuevas cargas impositivas significa menos empleos, más informalidad, menor inversión y menor capacidad de crecimiento.
Por su parte FEMSA, en voz de Thalía Fernández, Directora de Recursos Humanos del corporativo, señaló que la propuesta de aumentar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) del tres al cuatro por ciento es una decisión unilateral por parte del Gobierno de Nuevo León, por lo que rechazó el mismo.
Lamentó que a diferencia de otros temas que impactan a las empresas y que sí fueron negociados, a nivel estatal no se haya tomado en cuenta al sector privado.
«Esta medida del Gobierno de Nuevo León ha sido unilateral. No ha habido diálogo, no ha habido consenso con los sectores productivos y dista mucho de la actitud que ha tenido el Gobierno federal. Por ejemplo, que el día de ayer envió al Congreso de la Unión iniciativas de reforma a la Constitución y la Ley Federal del Trabajo en materia de reducción de la jornada, y ese fue producto de mesas de diálogo en donde se consensó con empleadores, trabajadores y gobierno, el mismo caso sucedió con el incremento de los salarios mínimos».
Thalía Fernández advirtió que de concretarse, la medida generará un impacto negativo al crecimiento del sector empresarial.
«Nosotros en Femsa rechazamos categóricamente cualquier incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN) en el estado de Nuevo León. Consideramos que pone freno al desarrollo del estado, y haría que todas las empresas en lugar de modernizarse, en lugar de expandirse y generar fuentes de empleo, estarán enfocados en cumplir y pagar con estos impuestos». Sostuvo además que se vería frenada la productividad de las empresas y la creación de empleos.
«La generación de empleo se ve frenada, los empleos existentes pueden correr peligro, se incentiva la informalidad también y hay que recordar que en el estado, el 33.7 por ciento de las personas trabajadoras están en la informalidad. Lo importante es cultivar un contexto y un sistema que nos permite prosperar a las empresas y por ende que prospere el estado».
En tal sentido coincidió el senador Waldo Fernández González, quien dijo que a diferencia del gobierno federal que escucha a todos los sectores y logra grandes acuerdos, como el aumento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
En cambio en Nuevo León, el Gobernador Samuel García Sepúlveda, está tratando de incrementar el Impuesto Sobre Nóminas, rechazado unánimemente por el sector privado, pues consideran que no es el mejor momento para ello, pues el gravamen es regresivo, afecta la productividad y el empleo formal, por lo que dijo esperar una reconsideración de parte del ejecutivo del estado.
